• Si se suman las hectáreas de todas las reservas naturales de la sociedad civil del país, el 65 % de esa área corresponde a las reservas de la Orinoquía, prueba del gran avance de la protección del territorio llanero.
  • Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil son un buen ejemplo de conservación y al mismo tiempo de actividades sostenibles en los territorios.

Fuente: Mongabay

Por: María Lourdes Zimmermann

La Orinoquía colombiana es una región natural del país con una enorme vocación para la conservación y la producción sostenible. La alta ocupación y privatización de la tierra y un respeto sublime por las actividades tradicionales y la protección y conservación de sus ecosistemas, ha permitido que la región tenga más reservas naturales privadas que Parques Nacionales Naturales declarados.

También conocida como llanos orientales, la Orinoquía colombiana  se extiende desde los Andes hasta la Amazonía, colindando con Venezuela en un territorio con más de 285 000 kilómetros cuadrados de sabanas inundables, pastizales, bosques de galería, morichales (ecosistema de palmas sumergidas que regulan el ciclo hídrico en distintas época del año) y matas de monte que se distribuyen en cuatro departamentos: Arauca, Meta, Casanare y Vichada.

La principal característica de la Orinoquía, según Cesar Rojano, investigador de la Fundación Cunaguaro, “es que en esta región del país todos los ecosistemas y servicios están dinamizados y regulados por el agua de ríos y lluvias”. Esto ha permitido que históricamente las comunidades protejan y valoren los sistemas que componen esta región del país ya que sustentan sus economías locales.

Según Resnatur, una organización que reúne a las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) con el fin de hacer trabajo en red por la conservación, “la singular geografía de la Orinoquía ha modelado los procesos de la región porque la ganadería en las zonas bajas se ha extendido sobre pastos naturales, por lo que no siempre ha sido necesario deforestar los bosques nativos para establecer pasturas para el ganado”. Esto ha hecho posible que se combine la conservación con el uso sostenible de los ecosistemas de sabanas naturales de esta zona del país.

Conservación histórica en la Orinoquía

La relación de uso de las sabanas y su protección es histórica. Las iniciativas de conservación del territorio iniciaron en 1989 cuando, según los reportes de Resnatur, Benigno Enciso le compró un terreno baldío en San Martín (Meta) al Estado colombiano por medio de unos bonos territoriales. Luego de su muerte, sus tres hijos heredaron el terreno y después de acuerdos de compra entre ellos conservaron la vocación de protección y uso sosteniblede los predios.

Las primeras iniciativas de conservación alternadas con producción fueron pasando de generación en generación bajo un criterio que aún se mantiene en reservas como Las Unamas, inscrita ante Resnatur desde 1996, Rey Zamuro y Matarredonda, todas ubicadas en San Martín Meta. Estas primeras iniciativas inspiraron la creación de nuevas reservas en la Orinoquía.

Para Juan Carlos Arias García, coordinador de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de la Dirección Territorial Orinoquía de Parques Nacionales Naturales (PNN), la representación de la región en las reservas del país es bastante grande “si se suman las hectáreas de todas las reservas naturales de la sociedad civil de Colombia, el 65 % de esas corresponde a las reservas de la Orinoquía”.

Hoy en día 69 Reservas de la Sociedad Civil en la Orinoquía están inscritas ante Parques Nacionales Naturales (PNN) sin contar las reservas asociadas a Resnatur, que hoy se suman más de 30 en esta región.

Los años 90 fueron determinantes para la conservación de las áreas privadas en el país, principalmente en los llanos orientales de Colombia. La preocupación por la pérdida de especies de flora y fauna y una rápida transformación de los ecosistemas dio paso al surgimiento de iniciativas de conservación y trabajo colaborativo para la protección de los recursos naturales, las cuales fueron reconocidas por la Ley 99 de 1993. Esta ley definió las reservas naturales de la sociedad civil (RNSC) y reconoció legalmente su contribución relevante en el ámbito de la conservación voluntaria como zonas protegidas en predios privados donde convergen prácticas de conservación y producción sostenible.

El departamento del Meta fue el primero en la Orinoquía en tener reservas privadas amparadas bajo la Ley ambiental de Colombia y años más tarde, según Resnatur, “el departamento de Vichada tuvo su primera Reserva en el 2004. Bojonawi, ubicada sobre el río Orinoco, en límites con caño Negro y la Reserva Natural de Agua Linda, se convirtió en zona de amortiguación de la reserva de la Biósfera El Tuparro, una de los cuatro áreas nacionales protegidas en la parte baja de la Orinoquía.

Los años 2005 y 2007 fueron importantes para el establecimiento de nuevas reservas privadas. Se conformó la reserva La Esperanza en el departamento de Casanare y La Culebra y El Torreño en el municipio de Puerto Rondón (Arauca), áreas privadas que integraron la Red de Resnatur. La creación de un decreto en el año 2010 dio origen a la conformación del Sistema Regional de Áreas Protegidas de la Orinoquía (Sirap Orinoquía), lo que fortaleció aún más los procesos de conservación en la región, creándose reservas privadas registradas ante Parques Nacionales Naturales y otras ante Resnatur.

Reservas para blindar la región

En la Orinoquía se siguen ampliando las reservas naturales privadas gracias a la vocación de conservación de los dueños de la tierra. La privatización de la tierra ha impedido la declaratoria de más PNN, aunque estudios realizados desde hace 10 años permitirán nuevas declaratorias en el corto plazo, según manifestó Juan Carlos Arias García, funcionario de la entidad. Sin embargo, la proyección de desarrollo y el plan del gobierno nacional sobre la Orinoquía ha hecho que cada vez existan más reservas privadas inscritas ante PNN como una respuesta para blindar el territorio. “La gente ha reconocido que actividades como la explotación petrolera, o los cultivos de palma y arroz, generan impactos fuertes sobre sus ecosistemas y su biodiversidad y eso además les afecta sus sistemas de producción tradicional. Por eso han buscado la forma de crear reservas privadas que los protejan de esos impactos”, explica Arias García.

La actual política de desarrollo del presidente Santos creó un plan desde el Departamento de Planeación Nacional (DNP), que fue socializado en el país desde el año 2016 y pretende “aprovechar 15,5 millones de hectáreas con potencial agrícola, ganadero y forestal en los cuatro departamentos de la región y dos adicionales, Guaviare y Guainía”.

A lo anterior su suma la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), sancionada en el mismo año con la intención de favorecer el Plan Nacional de Desarrollo de la Orinoquía —considerado una Zidres—, que busca impulsar la explotación de áreas especiales de aptitud agropecuaria aisladas de los centros urbanos más significativos.

A la proyección se le unen las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que han tocado varias reservas de la sociedad civil y que hacen parte de las actividades económicas que hoy se desarrollan en departamentos como Meta, Casanare y Arauca. Para Laura Miranda Cortés, directora de la Fundación Cunaguaro, “una reserva de la sociedad civil no necesariamente está blindada contra las actividades petroleras y acercarse a ellas para explotar el subsuelo, que es de la nación, es un poco más complicado”. Sin embargo, “una reserva hoy puede estar inscrita y si los dueños quieren cambiar su vocación, a pesar de los compromisos que implica la inscripción, pueden hacerlo”.

Sin embargo, lo que caracteriza a la Orinoquía es el deseo de sus pobladores de conservar y proteger sus recursos naturales por los beneficios que les representa. Para Juan Carlos Arias García de PNN, un campesino llanero puede obtener más beneficios de sus sabanas que de un cultivo de palma o de arroz por el alto costo ambiental que significa el desarrollo de estas últimas actividades.” No solo de arroz y ganado vive el hombre”, expresa. “Hay alternativas a partir de la conservación que pueden ser igual de rentables que las actividades tradicionales. Además, no solo se benefician los dueños de una reserva sino todos sus vecinos”, añade.

Lo anterior es lo que, justamente, ha permitido que ciertas actividades económicas no se puedan desarrollar en grupos de reservas como Altagracia, ubicada al oriente del municipio de Trinidad, en la ribera del río Meta en el departamento de Casanare. La reserva está compuesta por 22 predios, que suman más de 20 000 hectáreas de sabanas inundables, con grandes extensiones de morichales, bosques de galería y matas de monte. Pero la particularidad de este grupo de predios privados, que hoy son un ejemplo a nivel nacional, es que desde hace cinco años sus propietarios han decidido convertir sus fincas en Reservas Naturales de la Sociedad Civil y su conciencia colectiva blinda el territorio de actividades tradicionales.

Altagracia y Manacacias: dos grandes ejemplos

Actividades de gran impacto ya han tocado grupos de reservas como Altagracia, en Casanare. Sin embargo, estar en bloque dificulta la entrada de las petroleras que pretenden explotar el territorio con permisos para funcionar en cualquier parte de los llanos. Algunas compañías compensan sus impactos en reservas naturales de la sociedad civil (RNSC), dice Marcela Santamaría, coordinadora técnica de Resnatur. Para otras es más difícil acceder a los territorios declarados como reservas debido al impacto mediático que genera la posible incursión de una empresa. “Las petroleras irán con más respeto a las RNSC por la decisión que han tomado sus propietarios. Además del rechazo que genera entre las comunidades que quieran desarrollarse actividades de alto impacto cuando ya han mostrado mediante un registro con PNN o Resnatur que lo que quieren es conservar parte de su territorio y usar las sabanas para la cría de ganado, actividad que se desarrolla de forma más natural”, comenta Santamaría.

Víctor Ramón Salazar es el dueño de la reserva Buenaventura en la vereda Altagracia, la cual ha destinado a la conservación de bosques de galería y morichales. Estos últimos son ecosistemas con palmas sumergidas en el agua que albergan una gran diversidad y regulan el recurso en temporadas secas y húmedas. “Yo decidí conservar porque desde pequeños nos han inculcado cuidar, pero al tiempo producimos ganado cebú y eso nos sirve para vivir”, le dijo Salazar a Mongabay Latam. “Es muy bonito ver cómo el morichal está lleno de animalitos que hoy se convierten en un atractivo para el turismo. Caimán llanero, garzas, osos meleros, venados cola blanca y chigüiros son algunos de los animales que se pueden ver por la reserva entre los moriches, la sabana y los bosques de galería que la componen. Esto es más satisfactorio para nosotros, así la ganancia económica no sea tan alta”, afirma este campesino llanero.

En Altagracia todos sus propietarios saben que conservar y usar las sabanas con ganadería es mucho mejor que explotarlas. Hace 5 años, 13 de las 22 familias decidieron convertir sus fincas en Reservas Naturales de la Sociedad Civil y hoy, el resto de los propietarios avanzan por el mismo camino en un ejemplo histórico para Colombia. La vereda Altagracia en Casanare sería el grupo de reservas de la sociedad civil más grande del país. La iniciativa es comparada con Manacacias en el departamento del Meta, allí hoy se define una figura de conservación entre varias entidades y organizaciones.

Pero la vocación de la vereda Altagracia, que actualmente avanza para que la totalidad de sus predios se conviertan en reservas privadas inscritas ante PNN, no se ha salvado de la exploración y el desarrollo de actividades de sísmica en busca de petróleo en la zona. La empresa Lewis EnergyColombia realizó exploración en la vereda, abrió un pozo y luego se fue en el año 2013, según cuenta Víctor Ramón Salazar.

Juan Carlos Arias García de PNN afirma que “las comunidades cada vez se unen más para que ese tipo de actividades no se practiquen en el territorio. Reconocen los altos costos ambientales que implica para ellos y la respuesta a eso es la declaratoria de reservas privadas”.

Pero la transformación es avasalladora. No solo se trata del petróleo o el arroz, una cría de abejas angelita para la producción de miel en una reserva, se puede ver impactada por la simple fumigación de un predio aledaño con cultivos de palma de aceite. Así es la disputa en la Orinoquía, explica Laura Miranda. El acompañamiento y el reconocimiento de su actividad por parte del Estado, son un estímulo para los dueños de tierras privadas que deciden convertirse en reservas naturales. Aunque eso aún no se da en el país de la forma que quisiéramos”, asegura.

La Serranía de Manacacias en el Meta es otro territorio de tradición de la Orinoquía. El paisaje de este paraje orinoquense se caracteriza por sus llanuras onduladas y disectadas (altos relieves), que resguardan seis tipos de ecosistemas: sabanas de pastizal, bosques de galería, matorrales, esteros, complejos lagunares y palmares mixtos. En este territorio están presentes más de 1200 especies de flora, 450 especies de aves, más de 180 especies de mamíferos y dos posibles nuevas especies de mariposas. Además, cuenta con una inmensa riqueza hídrica de la cual dependen los distintos sistemas productivos de la región.

Por más de 60 años Manacacias ha sido protegida por Gildardo Rey, uno de los propietarios de los 37 predios que hacen parte de las 68 000 hectáreas proyectadas a convertirse en una nueva área protegida para la Orinoquia colombiana.

A solo seis horas en carro de San Martín en el Meta, Gilberto y su familia han hecho un enorme esfuerzo por mantener en buen estado su territorio. Para lograr los objetivos de conservación de la Serranía de Manacacías se requiere de una figura de protección estricta, lo que implica tener un acuerdo social y sectorial que permita la adquisición de los predios de manera gradual sin afectar los derechos de los pobladores, quienes le apuestan a la conservación antes que a la agroindustria. Hoy se busca la figura de protección de esta áreas, sin embargo, se mantiene el esfuerzo de sus propietarios que tradicionalmente han considerado que el área es de importancia para la conservación.

Para lograrlo se realizó un estudio que destacó la importancia de tener una representación de la Orinoquía en el SINAP y posteriormente, en el año 2011, Parques Nacionales Naturales de Colombia, World Wildlife Fund (WWF) y Wildlife Conservation Society (WCS) iniciaron un trabajo conjunto para la declaratoria del área y hoy insisten en que la Orinoquía colombiana sea el ejemplo más importante del país de conservación en armonía con el uso sostenible del territorio.

La declaratoria de áreas protegidas nacionales y el aumento de reservas de la sociedad civil, —647 inscritas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) en todo el país—, es una cifra que abarca casi 130 000 hectáreas en total, sin contar las más de 100 reservas asociadas a Resnatur. Esto demuestra lo que expertas como Luz Marina Mantilla, directora del Instituto para la investigación de la Amazonía (SINCHI) asegura al decir que, “son las iniciativas privadas las que pueden lograr que en el país se esté cambiando el concepto de la conservación”. Según Mantilla, esto no debe estar solo en manos de las instituciones del orden nacional como PNN y las declaratorias de áreas nacionales, sino que debe estar en poder de la gente que ve la importancia de conservar, proteger lo que tiene y obtener grandes beneficios de esa decisión.