Inírida fue sede de un encuentro de saberes en pro de la Amazonía

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Fuente: El Morichal

A mediados de octubre se llevó a cabo en Inírida un encuentro de saberes con líderes indígenas de Vichada y Guainía, que tenía como objetivo “fomentar un diálogo e intercambio de saberes entre las comunidades y las organizaciones de la coalición, sobre la situación actual del territorio amazónico y de los derechos territoriales de pueblos indígenas, que permitan identificar posibles líneas de acción para mejorar los ejercicios de gobernanza e incidencia sobre las decisiones territoriales que existen en la región amazónica”, informó la Asociación Ambiente y Sociedad.

Este encuentro se dio en el marco de la nueva “Coalición para la promoción de los derechos territoriales de los pueblos indígenas amazónicos y la protección del medio ambiente”, en la cual participan la Asociación Ambiente y Sociedad, la organización Tierra Digna y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC.

En esta coalición, que realizó tres encuentros durante los últimos tres meses (Guaviare, Putumayo y Guainía) donde en total participaron más de 100 líderes de la Amazonía, cada una de las organizaciones participantes aporta al análisis del territorio a partir de temáticas específicas: la OPIAC trabaja los procesos de democracia y participación; Tierra Digna se enfoca en el extractivismo, donde se identifican intereses mineros y de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres); y Ambiente y Sociedad es especialista en analizar estrategias de conservación y motores de deforestación.

Juan Pablo Muñoz es abogado de la OPIAC, especialista en Consulta Previa, y ha sido ponente en los encuentros realizados. Él le explicó a EL MORICHAL que “la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana en las decisiones relativas a sus territorios y recursos naturales, exige miradas integrales del orden jurídico, territorial, ecosistémico, cultural y administrativo”.

En ese orden, Muñoz explicó que “en aquellos eventos en que los pueblos indígenas puedan verse afectados directamente por las decisiones legislativas o administrativas, la ejecución de proyectos o la implementación de políticas o programas; el ejercicio de su derecho a la participación obliga al Estado a la realización de procedimientos de consulta previa”; y citando la Sentencia SU-039 de 1997, aseguró que “este mecanismo adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social”.

Pasando al tema de estrategias de conservación y motores de deforestación, Milena Bernal es abogada en derecho ambiental, y trabaja para la Asociación Ambiente y Sociedad. En los encuentros ella explica lo referente a las políticas de conservación natural existentes a nivel nacional e internacional, respondiendo a la pregunta: ¿se conserva para qué y para quién?

Bernal expresa que los pueblos indígenas “son muy conscientes del aporte de los bosques, de sus territorios y los bosques que hay allí, para el cambio climático a nivel mundial, y también de todo el interés que hay de financiadores de la cooperación internacional para apoyar procesos de conservación en esta zona. Pero por un lado esta esto, y algunas personas lo ven como una posibilidad de proteger sus territorios, de defender sus culturas, pero por otro lado hay bastantes cuestionamientos porque justamente los proyectos de desarrollo del país apuntan a traslapar esas áreas que están siendo conservadas”.

La abogada de Ambiente y sociedad concluye diciendo que “por un lado hay financiamiento para la protección, por el otro lado hay un plan nacional que busca explorar o explotar recursos que están allí”.

Frente al extractivismo, Tierra Digna ha manifestado por medio de un documento llamado ‘Políticas extractivas en la Amazonía Colombiana’, que “el objetivo es fortalecer un dialogo donde podamos analizar, diagnosticar y comprender lo que está representando el extractivismo (minería, petróleo, agroindustria, etc) como política económica y propuesta de desarrollo para el territorio amazónico”.

El documento también precisa que con los encuentros buscan “analizar conjuntamente los pros y contras de estas políticas económicas en cada departamento, utilizando como herramienta el intercambio de saberes de todas y todos desde los diferentes conocimientos y experiencias. Pensamos que en el dialogo colectivo está la posibilidad del cambio”.

Después de recogida la información, las experiencias y preocupaciones de los pueblos indígenas de la Amazonía, el primer semestre del siguiente año la Coalición entregará un contexto general que permita tomar medidas coherentes para hacer frente a las problemáticas identificadas.

Esta iniciativa toma aún más relevancia ahora que el IDEAM ha revelado, por medio del Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia, que 2.752 hectáreas de bosque fueron deforestadas en el departamento de Guainía durante el año 2016. En un artículo de la Revista Semana al respecto expone que “de los nueve corregimientos o municipios del departamento, el más afectado fue Inírida, su capital, con 1.585 hectáreas deforestadas, seguida por Morichal, con 293, Barranco Mina con 257, Paná-Paná con 228…”.

Otro dato preocupante en Guainía lo presentó un informe del periódico El Tiempo, donde deja en evidencia los estragos de la minería ilegal. En el se “muestra un panorama desalentador y preocupante: de las personas examinadas, hay quienes tienen entre 60 y 109 veces más mercurio en su cuerpo que el exigido por organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. La situación se conoce gracias a “un estudio de la Secretaría de Salud del Guainía, en el que se tomaron muestras de cabello y sangre a 202 personas de 15 comunidades del departamento, evidenció por primera vez los estragos que ha dejado la minería ilegal en la salud de las comunidades que viven a orillas de los ríos Inírida, Atabapo y Guanía”, dice el artículo.

En un documento sobre políticas extractivas Tierra Digna precisa la realidad que se vive en muchas partes de la Amazonía. “Hoy podemos afirmar que nos encontramos ante el fenómeno del boom de títulos mineros, pero como consecuencia de esa política también nos encontramos con diferentes conflictos socio-ambientales y denuncias de comunidades sobre los impactos que la minería ya ha dejado en las diferentes regiones donde opera”, expone el documento.

Bajo todo el contexto anterior, la ‘Coalición para la promoción de los derechos territoriales de los pueblos indígenas amazónicos y la protección del medio ambiente’ tiene claro para minimizar el impacto que la minería, el petróleo y deforestación tienen sobre la amazonia, es necesario proteger los derechos de los pueblos indígenas, quienes son los protectores naturales de la biodiversidad y los bosques.

Si usted quiere obtener más información de los objetivos de la nueva coalición visite www.amazoniasoy.com

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