La consulta previa, un derecho en el marco de muchas deudas

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Los pueblos y comunidades indígenas de la amazonía colombiana tienen el reto de defender su autonomía en el marco de muchos proyectos en curso. Una investigación resalta la pertinencia de la consulta previa para reivindicar otros derechos que todavía no se garantizan en el territorio amazónico.

César Rojas Ángel

Periodista y politólogo

El pueblo Yanacona, del resguardo Villa María de Anamú, Putumayo, no sabe qué pasará con los acuerdos a los que había llegado con el Ministerio de Transporte. Entre 2015 y 2016, la comunidad, que habita en las inmediaciones de Mocoa, concluyó un proceso de consulta previa con una serie de pactos para permitir la vía 4G Santana – Mocoa – Neiva, cuya construcción no ha arrancado.

“Acordamos que al próximo año empezaba la obra. Nosotros cerramos la protocolización con unos acuerdos. Ellos se comprometían a mitigarnos todos los impactos que iban a generar durante el transcurso del trabajo que iban a realizar”, cuenta Nixon López Hernández, secretario de territorio, medio ambiente y población de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) y uno de los habitantes del resguardo de Villa María de Anamú.

López dice que en su momento acordaron que la concesionaria contrataría a los miembros de la comunidad para la construcción y compraría los alimentos que se cultivaran y cocinaran en el resguardo. Además, el acuerdo analizaba el impacto ambiental y las amenazas al territorio de la comunidad. “Hablábamos del impacto que nos hace, un atraso a la cultura”, dice López, y explica que con la llegada de estas obras de infraestructura, en el resguardo empezaron a preocuparse por el impacto en sus viviendas (ubicadas a 200 metros de donde iniciaría la obra), por el efecto en los jóvenes, por la llegada de extraños y la forma como empiezan a ser observados.

Pero ahora todo es incierto. La carretera estaba adjudicada a la concesionaria Aliadas, cuyo socio mayoritario es Carlos Solano, investigado por un caso de corrupción con Odebrecht. Según un artículo de La Silla Vacía, a finales de enero de 2019 “el Ministerio de Transporte y la ANI le anunciaron al Huila que iniciaron la caducidad del contrato con Aliadas”. Según la investigación del portal, si la concesionaria no consigue un socio mayoritario que solvente sus problemas financieros, o una forma de ceder el contrato, el gobierno tomaría control del proyecto.

En el resguardo de Villa María de Anamú no saben cómo los afectaría este proceso, pero suponen que si hay un nuevo responsable, debería haber una nueva consulta previa, y en esta región del país saben los traumatismos que esto supone. Pero más allá de esto, el caso de este resguardo ejemplifica uno de los múltiples obstáculos que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas para reivindicar sus derechos, proteger sus territorios y mitigar el impacto de estos proyectos en su cultura y estilo de vida. En distintas zonas del país, los procesos de consulta previa fallan en analizar la integralidad de los territorios indígenas y cómo, en conjunto, cada uno de los proyectos que se realizan a su alrededor afecta de forma fragmentada la vida de las comunidades indígenas.

Así lo expone una investigación realizada por la coalición Amazonía Soy, Amazonía Somos. Según este trabajo, esta región del país es un “territorio en disputa”, como se lee en el análisis de la publicación “Los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado. Desafíos de su ejercicio y exigibilidad”. El documento de investigación, realizado en conjunto con la Asociación Ambiente y Sociedad y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) en el marco del convenio Amazonía Soy Amazonía Somos, se enfoca en los pueblos amazónicos y explora cómo estos derechos son vulnerados y requieren especial atención en estos territorios.

Esta publicación muestra que las preocupaciones de López y su comunidad hacen parte de un problema recurrente en la Amazonía colombiana, un territorio que va más allá del departamento del Amazonas y que ha sido intervenido de forma fragmentada por el gobierno central y las administraciones locales del Estado. “Los conflictos son el escenario por excelencia para hacer visibles los procedimientos de licenciamiento ambiental y de consulta previa, tal como hoy los concibe y adelanta el gobierno nacional, y para denunciar cómo ellos fragmentan la Amazonía concebida desde los sistemas de pensamiento indígena”, denuncia la publicación, en la cual también se exploran los principios constitucionales que garantizan estos derechos a los pueblos originarios del país.

Juan Pablo Muñoz, asesor de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), dice que “la consulta previa es un derecho que surge de los problemas, del choque de dos formas de entender el territorio, el mundo, el desarrollo”. El abogado explica que el convenio 169 de la OIT, la Constitución Política de 1991 y la ley 21 de 1991 abrieron la puerta a un desarrollo jurídico que a partir de tutelas, autos y sentencias, le ha permitido a la Corte Constitucional consolidar un sistema jurisprudencial que, para muchos, es una buena forma de blindar el derecho. Sin embargo, dice Muñoz, hay una brecha entre el papel y los hechos.

“La consulta previa como opera, como funciona, es regresiva”, apunta Muñoz, “ese derecho fundamental de participar en las decisiones que afectan a las comunidades indígenas está operando, en este escenario de inseguridad jurídica del territorio, falta de restitución, inexistencia de autoridades, negación de la autoridad ambiental, en ese contexto, un mecanismo que dice estar legitimando algo, está operando de manera regresiva para los pueblos indígenas”.

El asesor de la OPIAC dice que la consulta previa ha sido usada por el Estado colombiano para decidir sobre proyectos puntuales y no ha contemplado la interconexión entre este derecho y los demás fundamentales de los pueblos indígenas. En parte, expone, el gobierno nacional y las administraciones locales están en mora de reconocer la unidad del territorio para los pueblos amazónicos. “Está interrelacionado espiritualmente, ambientalmente, en la amazonía eso funciona con los sistemas del pensamiento, asociados a la coca, al tabaco, al yahé y esa es la integralidad del territorio indígena”.

Para Muñoz, en casos como el de la comunidad de Villa María de Anamú, en el Putumayo, no basta con mirar la incertidumbre de un proceso de consulta previa que se cerró pero no arrojó resultados, sino además es necesario observar todos los procesos “que no se hicieron justamente por desconocer esta integralidad territorial, así como las deudas del Estado en cuanto a los derechos territoriales y de autonomía”, apunta el investigador.

Nixon López dice que en su departamento se han otorgado títulos mineros y licencias ambientales sin consultar a las comunidades indígenas. “Ellos, el gobierno, las empresas, las minerías, ellos no van con la idea de hacer consulta previa, no está pasando, pero es la herramienta que nos protege para poder defender el territorio”, dice López e insiste en que existe un consenso generalizado para impedir la explotación minera en los territorios que los afectan.

“Nosotros dijimos no más extractivismo en nuestros territorios indígenas, y no lo vamos a permitir, es la última palabra que nosotros hemos dicho”, añade el líder indígena. Sin embargo, la Corte Constitucional ha insistido en distintas sentencias que “el trámite de consulta previa no conlleva un poder de veto de las medidas legislativas y administrativas por parte de los pueblos indígenas y tribales” (SU-383/03). Pero Muñoz agrega que “hay casos en los que el consentimiento sí es obligatorio, es decir, hay debate al respecto” y dice además que “incluso el documento plantea que la incompleta valoración de impactos, consecuencia de la falta de reconocimiento a la integralidad del territorio, es lo que ha impedido que ese consentimiento obligatorio (o veto) sea operativo”.

La dicotomía no es fácil. El Estado insiste en su propiedad de los bienes del subsuelo y las comunidades indígenas reivindican la autonomía de su territorio. Muñoz habla del test de proporcionalidad como el mecanismo que usa el gobierno para adelantar los proyectos y “evitar las arbitrariedades”, pero el investigador resalta que es incierto cómo mide el Estado esas arbitrariedades y por lo tanto el concepto se presta para ambigüedades. El abogado insiste en que las comunidades pueden buscar mecanismos que, en el marco de la consulta previa, sirvan para reivindicar la autonomía de las comunidades.

La investigación de la coalición Amazonía Soy Amazonía Somos resalta las deudas con los pueblos amazónicos en esta dirección. “Dos de dichas deudas tienen que ver con la seguridad jurídica y la restitución de sus derechos de propiedad colectiva, posesión y uso sobre sus tierras, territorios y recursos naturales”.

Al respecto, Muñoz insiste en las preguntas que se deben hacer ante un proceso de consulta que insiste en avanzar con un proyecto en contravía de los intereses de las comunidades: “¿Usted me está reconociendo la consulta previa conforme a mi integralidad de derechos? ¿Conforme a mi integralidad territorial? Si lo estuviéramos haciendo probablemente ese proyecto en cuestión no sería viable”, concluye el investigador.

De modo que en el territorio amazónico, la interdependencia espiritual y ecosistémica del territorio puede ser el principio que guíe las consultas previas como un mecanismo más para reivindicar otros derechos en deuda para las comunidades indígenas.

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