Los pagos por servicios ambientales, un camino por recorrer para las comunidades amazónicas

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El esquema de pagos por servicios ambientales supone una alternativa para financiar actividades de conservación. Los traslapes entre los Parques Nacionales y los resguardos, sumados a la difícil tarea de construir convenios interadministrativos, son solo algunos de los obstáculos que se deben superar antes de hacer de estos pagos un proyecto viable.

A una hora y media del sur de Florencia, Caquetá, en la inspección Yurayaco, se encuentra una comunidad Inga, que hace parte de la Asociación Tandachiridu Inganokuna y cuyos predios apenas fueron titulados (bajo la modalidad de Resguardo) en 1998. La figura del resguardo indígena, reconocida desde tiempos coloniales, había sido ratificada por la Constitución de 1991 y desde su promulgación, muchas comunidades comenzaron a tramitar los títulos colectivos de sus territorios, antes de que fueran adjudicados o apropiados por colonos.

Pero los indígenas de esta región se dieron cuenta que por fuera de su resguardo habían quedado varios territorios ancestrales amenazados por la minería, la ganadería y la colonización de otras poblaciones. En la Asociación sabían que podían abogar para que se designara esta zona como un área protegida por la composición del territorio como biodiverso.

En Colombia hay 389 áreas protegidas que dependen del sector público, según el más reciente corte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 30,8 millones de hectáreas con objetivos específicos de conservación ambiental que son responsabilidad de Parques Nacionales Naturales, las Corporaciones Autónomas Regionales en todo el país, el Ministerio de Ambiente y otras entidades ambientales. 59 de estos territorios hacen parte del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales y en 29 hay traslapes con las comunidades indígenas. Allí es difícil establecer quién determina las actividades de conservación y hasta ahora se están poniendo en práctica algunas medidas administrativas para que los recursos provenientes de los pagos por servicios ambientales puedan llegar a las comunidades.

En la jurisprudencia colombiana existen múltiples vías para incentivar a las comunidades a proteger un ecosistema específico, cuidar los ciclos hídricos, resguardar a una especie en particular, evitar la deforestación, responder al impacto de la minería o, en general, mitigar el impacto del cambio climático. La asignación de recursos para estos objetivos se conoce como pagos por servicios ambientales y, pese a que muchas comunidades indígenas están preparadas y dispuestas a cumplir con esta labor, los recursos no llegan a sus manos.

“Los territorios ancestrales indígenas que tradicionalmente han utilizado y ocupado comúnmente coinciden con áreas naturales de vital relevancia ecosistémica; y que a su vez pueden traslaparse con áreas protegidas constituidas. El traslape puede ser beneficioso para la comunidad (…)”, dice la abogada e investigadora María Alejandra Aguilar en el libro Ordenamiento territorial y ambiental de la Amazonía colombiana en el posconflicto, una investigación de la Asociación Ambiente y Sociedad en el marco de la alianza Amazonía Soy, Amazonía Somos.

Aguilar cita un documento compilado por Javier Beltrán para la Unión Mundial para la Naturaleza y WWF-Internacional para resaltar que “las áreas protegidas formalmente establecidas pueden proporcionar un medio para reconocer y garantizar los esfuerzos de muchas comunidades de pueblos indígenas y de otros pueblos tradicionales que, a través de su cultura, han protegido durante largo tiempo áreas tales como grutas y montañas sagradas”.

 

La historia del Parque Natural Nacional especial Alto Fragua Indiwasi-PNNEAFI

Contraria a la tendencia en otras regiones del país, los miembros de la Asociación Tandachiridu Inganokuna se acercaron a Parques Nacionales Naturales para buscar la manera de proteger este bosque mayoritariamente subandino, casa de especies en peligro de extinción como osos de anteojos, dantas y churucos. Un territorio que sirve de transición hacia el territorio amazónico y hace parte de su territorio sagrado.

Wairanina Jacanamijoy, indígena Inga y una de las lideresas de la Asociación cuenta como el proceso desde su petición hasta la consolidación de un Parque Nacional Natural, con un plan de manejo ambiental para su protección, les ha tomado varios años “Nosotros realizamos el trabajo de caracterización cultural y biológica y realizamos en conjunto los protocolos para llegar a la declaración del área ,creamos un equipo intercultural, tanto para los estudios de la formulación de la resolución de declaración del área como para el convenio interadministrativo y dejamos claro que el área se co-manejara en conjunto”.

En la legislación colombiana se establecieron las primeras áreas protegidas con la ley 2 de 1959. Ahí nacieron los parques nacionales naturales, los parques naturales regionales y las zonas forestales protectoras, entre otras zonas de conservación. Las comunidades indígenas conocen muchos de estos territorios a partir de sus saberes ancestrales y desde ahí han construido propuestas para buscar estrategias que hagan viable la protección de territorios específicos. Pero el proceso ha sido lento.

 

Los traslapes, las autoridades ambientales y quién ordena el territorio

“La problemática no surge entonces debido a la ausencia de reconocimiento de los asentamientos de los pueblos indígenas al interior de un área protegida, sino de la distribución de competencias y funciones de las autoridades territoriales en cuanto al comanejo de los recursos naturales y los territorios traslapados”, escribe Aguilar y añade que  la autonomía indígena tiene implícita la capacidad de decidir sobre el territorio y por ello ejercer como autoridad ambiental en el mismo.

La investigadora explica que la “autonomía indígena abarca su capacidad de decisión sobre el territorio y de ejercer como autoridad ambiental en el mismo”. Pero en la práctica, el reconocimiento como autoridades ambientales de sus territorios se enfrenta a las responsabilidades que se le asignan otras entidades como los Parques Nacionales Naturales.

La comunidad inga de la Asociación Tandachiridu Inganokuna tuvo la ventaja de entrar a proponer una relación de manejo conjunto a pesar de que la zona en cuestión estaba por fuera de su territorio titulado. Y fue precisamente porque su resguardo estaba legalmente constituido que les fue posible iniciar un convenio interadministrativo con la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). Pero estas garantías no las tienen muchas comunidades. Aguilar explica que las comunidades que habitan en territorios no titulados no pueden establecer convenios interadministrativos con el Estado, y por lo tanto, no solo tienen obstáculos para defender sus territorios sino, además, para acceder a los recursos que podrían provenir de pagos por servicios ambientales.

 

De quién es la tierra y cómo se administra

Karla Díaz, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad, ha analizado la evolución del ordenamiento territorial en Colombia. Para ella, parte de los obstáculos para ofrecer autonomía y autodeterminación plena a las comunidades indígenas radica en que no se ha cumplido en su totalidad con los compromisos de la Constitución de 1991.

“Cuando se sacó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se dejaron por fuera a las comunidades indígenas”, resalta Díaz y añade que, a pesar de que el legislativo tardó 20 años en emitir esta norma (la ley 1454 de 2011 logró ser aprobada luego de nueve proyectos fallidos), fracasó en establecer un articulado para las “ETIS”, las entidades territoriales indígenas.

En la práctica, explica Díaz, lo que esto implica es que hoy los resguardos indígenas funcionan como jurisdicciones especiales en materia jurídica, cultural y política, pero no son entidades territoriales. Esto les impide a las comunidades, por ejemplo, recibir directamente recursos del Sistema General de Participaciones o determinar el uso del suelo, es decir, tener la potestad de realizar el ordenamiento territorial en sus resguardos.

Aguilar cree que la ausencia de las Etis “sí ha sido un obstáculo para resolver de manera eficiente las situaciones de traslape de áreas protegidas con territorios indígenas, porque si bien existen figuras como los 

regímenes especiales de manejo, estas figuras no se han desarrollado en su totalidad. Entonces, hoy en día, de todos los territorios en traslape con áreas protegidas, únicamente algunos, muy pocos, cuentan con regímenes especiales de manejo, que son como las reglas de juego que son desarrolladas con la comunidad para determinar el manejo de esa área en traslape. Hay una ausencia del desarrollo de este tipo de mecanismo y eso puede generar conflictos en los usos del territorio”.

En el Parque Natural Nacional especial Alto Fragua Indiwasi, Jacanamijoy cuenta que “hoy con Parques se está realizando un ejercicio para la formulación de un régimen especial de manejo que incluya los códigos culturales del pueblo Inga del Caquetá donde el régimen especial de comanejo-coadministración, garantice la pervivencia física y cultural de nuestro pueblo”.

Sin embargo, Jacanamijoy y su comunidad desconocen las posibilidades que les podrían ofrecer los pagos por servicios ambientales. “No hemos recibido alguna propuesta al respecto”, cuenta la lideresa, pero admite que le gustaría tener más información.

La investigación de Ambiente y Sociedad retoma las cifras del IDEAM para resaltar que, en 2015, el 46% de la deforestación en Colombia afectó a la Amazonía, un territorio que es objeto de especial atención para reducir las emisiones de CO2 causadas por la deforestación. Allí funciona desde ese año el programa Visión Amazonía, un proyecto con el que se busca reducir a cero la deforestación para el año 2020 y que contempla los pagos por servicios ambientales como una herramienta para impulsar las actividades de conservación.

Aguilar resalta que, en este camino, el papel de las comunidades indígenas será clave. “De ahí la importancia de regular este tipo de esquemas de pagos por servicios ambientales mediante una norma general que ponga de presente la protección de los intereses de las comunidades étnicas”.

Los pueblos originarios se entienden como guardianes ancestrales de su territorio y en ejercicio de su autonomía son los llamados a ordenar sus resguardos. El análisis de la investigación de la Asociación Ambiente y Sociedad indaga por el respaldo estatal que debería permitir que las comunidades puedan ejercer como autoridades ambientales para la protección de las zonas de reserva y sus ecosistemas.

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